A dos años de la revisión programada del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria automotriz mexicana se
perfila como uno de los puntos más críticos del debate comercial, especialmente
ante las nuevas tensiones derivadas de los aranceles impuestos por Estados
Unidos. Ángel Mieres Zimmermann, especialista en el sector automotor, advierte
que esta industria no solo enfrenta presiones regulatorias, sino también
económicas, con impactos que podrían repercutir en la competitividad del país.
Desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, las
exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido un 32%, consolidando a
México como su principal socio comercial. En 2024, la industria automotriz
lideró las exportaciones nacionales con un valor de 167 mil millones de
dólares, seguida por el sector electrónico con 88.6 mil millones de dólares.
Sin embargo, esta posición estratégica podría verse comprometida.
Uno de los principales focos de tensión son las reglas de
origen que exigen que al menos 75% de los insumos utilizados para ensamblar
un vehículo provengan de América del Norte. Asimismo, al menos 70% del acero y
el aluminio deben tener origen regional. Las autopartes esenciales, como
motores o chasis, también deben cumplir con un contenido regional del 75%.
Estas reglas fueron duramente negociadas en su momento y se prevé que Estados
Unidos, especialmente bajo una administración republicana como la de Donald
Trump, promueva interpretaciones aún más estrictas durante la revisión de 2026.
Paralelamente, la reciente imposición de un arancel del 30%
sobre el acero, aluminio y cobre mexicanos por parte de Estados Unidos ha
generado nuevas preocupaciones. Aunque este arancel impacta directamente a un
segmento reducido de autopartes, su efecto indirecto en los precios de
producción es significativo. Según Francisco González, presidente ejecutivo de
la Industria Nacional de Autopartes (INA), esta situación implica un reto
constante, debido a la volatilidad mensual de los costos y las exigencias cambiantes
del mercado estadounidense.
Para México, estos aumentos en los costos de materias primas
pueden traducirse en productos más caros, tanto para exportación como para
consumo interno, afectando directamente a consumidores y empresas. Además, se
añade incertidumbre a las cadenas de suministro transfronterizas, dificultando
la capacidad de respuesta de las compañías mexicanas ante sus compromisos
internacionales.
La respuesta del gobierno mexicano no se ha hecho esperar.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha iniciado
negociaciones con Estados Unidos con el fin de resolver esta medida arancelaria
que también afecta a otros países como los miembros de la Unión Europea. En un
comunicado oficial, la dependencia calificó la medida como “injusta” y señaló
que el presidente estadounidense justificó la decisión como parte de un intento
por frenar el tráfico de fentanilo, argumentando que el comercio con México
representa una amenaza económica y de seguridad nacional.
Ángel Mieres Zimmermann ha analizado cómo las modificaciones
a las reglas de origen y los nuevos aranceles pueden traducirse en mayores
costos logísticos, presión sobre las cadenas de valor regionales y un impacto
directo en la manufactura de vehículos y autopartes. Desde su perspectiva, el
fortalecimiento de la industria automotriz requiere una estrategia integral que
combine negociaciones firmes con Estados Unidos y Canadá, políticas
industriales de largo plazo y una revisión constante de los cambios normativos.
La revisión del T-MEC en 2026 será determinante para el
futuro de la industria automotriz en México.
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